Reforma en materia de arrendamiento es ilegal y atenta contra la propiedad privada

El abogado Fernando Rodríguez asegura que, de aprobarse esta iniciativa, va a mermar en la confianza de los inversionistas, además que traería una mayor recesión económica.

El pasado 8 de julio de 2020, las diputadas Valentina Batres Guadarrama y Martha Ávila Ventura, del grupo parlamentario de Morena, presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma en materia de arrendamiento.

El objetivo, de acuerdo con lo presentado, es garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia. No obstante, dicha propuesta ha generado preocupación y descontento entre los actores que participan en el sector inmobiliario.

Aunque la iniciativa tiene una finalidad muy relevante, los motivos difícilmente se podrían aplicar como se pretende. Así lo manifestó el abogado Fernando Rodríguez Bustamante, director de asuntos jurídicos del Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) y speakers de los Workshops Inmobiliarios de Vivanuncios.

“Estas propuestas, a mi punto de vista, están mal redactadas, son ilegales y, efectivamente, atentan contra la propiedad privada, lo cual es anticonstitucional, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, donde se contempla la propiedad privada”, afirmó.

De acuerdo con el especialista, la función de la propiedad privada es que, quien goce de esos derechos, particularmente de un inmueble, tenga la libertad de usar y transferir esa propiedad, lo cual es fundamental para el desarrollo de la economía de cualquier sociedad.

“Entonces, esto habla de lo importante que es cuando alguien pretende violar o alterar el derecho de los particulares para, en teoría, garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia, teniendo unas cuestiones muy particulares respecto a cómo lo pretenden hacer ver”, manifestó.

El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México estipula que es obligación del Estado el garantizar el derecho a la vivienda digna, la cual no se puede transferir a los particulares.

Uno de los puntos más preocupantes de esta iniciativa de reforma al Código Civil de la CDMX, en materia de arrendamiento, es que los contratos deben tener una duración mínima de tres años, cuando actualmente se establece una duración mínima de un año para el caso de contrato de casa habitación. “Ésta es totalmente violatoria a la definición del contrato de arrendamiento, que es el conjunto de voluntades; entonces, la ley no puede ir más allá de la intención de las partes”, señala Rodríguez.

De igual manera, se pretende prohibir a los arrendadores solicitar como garantía cualquier título de propiedad como aval. Sin embargo, el solicitar una garantía es un derecho para el arrendador para proteger su propiedad.

“El Estado no es nadie para quitar ese derecho. El arrendador puede poner los requisitos que él estime convenientes para rentar su propiedad, y será el arrendatario, cuando conozca estos requisitos, el que sabrá si le entra o no al arrendamiento”, declaró el abogado.

“Es tan incongruente la propuesta que, la intención de que no se exija más de un mes de anticipo no es relevante ya que no es una obligación hoy por Ley dar anticipo, no puedes reformar algo que ya existe como es el caso del derecho a no pagar más de un mes de depósito, a notificar con 2 meses de anticipación un desalojo, lo que va en contra del principio de justicia pronta y expedita, entre muchas otras cosas sin sentido jurídico”, añadió el especialista.

Además, el arrendador perderá el derecho de conservar el depósito si el arrendatario da por terminado el contrato de manera anticipada a lo pactado.

“Estas adiciones no tienen una intención de aportar. Al contrario, están coartando el derecho del arrendador de poder usar y disponer en su propiedad privada (…) Veo difícil que sea aprobada, es anticonstitucional, es ilegal y le veo errores de redacción. Para mí, está redactada por personas que desconocen el Código y la aplicación de éste.”, aseguró Fernando Rodríguez.

El especialista agregó que, de ser aprobada esta propuesta, va a mermar en la confianza de los inversionistas, además que traería una mayor recesión económica y una parálisis en el sector inmobiliario.

En opinión del abogado, lo que se debería proponer es una iniciativa en favor de agilizar los procesos de resolución de conflictos relacionados con el arrendamiento, lo cual traería beneficios, incluso, para la inversión, tanto interna como externa.

“Sí hacen falta reformas, pero no precisamente en protección del arrendatario, porque las existentes ya lo protegen, sino en el tiempo que tarda un proceso de controversia de arrendamiento en los tribunales de la CDMX, tanto por el procedimiento per se como por lo congestionado que están las agendas en los juzgados, lo cual ya lo hace muy complicado y de cierta manera favorece al arrendatario. Por ello, yo creo que hoy se tendría que apuntar a fortalecer al propietario, y esto es un indicativo positivo para la propiedad y, por ende, para los inversionistas”, concluyó.

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